Las quejas relativas a las viviendas de propiedad compartida en Inglaterra han aumentado casi un 400% en cinco años, lo que pone de manifiesto el creciente descontento de los residentes que se sienten atrapados por un sistema que fue diseñado para ayudar a los compradores por primera vez. El significativo aumento de las quejas ha dado lugar a peticiones de reforma para abordar problemas generalizados relacionados con las reparaciones, los costes y la transparencia, especialmente en Londres y el sureste.
De fondo
Desde su creación, los regímenes de propiedad compartida se han comercializado como una vía viable hacia la propiedad de la vivienda para quienes no pueden permitirse una propiedad completa. Los participantes suelen comprar una parte de la vivienda y pagar un alquiler por el resto. Sin embargo, muchos residentes afirman sentirse como si tuvieran las responsabilidades de los propietarios sin los derechos que las acompañan. Según los registros obtenidos a través de una solicitud de libertad de información de la BBC, el número de quejas sobre propiedades de propiedad compartida se disparó de 324 en 2020 a 1.564 en 2024.
Historias personales detrás de las estadísticas
Diana y Chris, que compraron una vivienda en régimen de propiedad compartida en el este de Londres a principios de 2020, experimentaron una importante confusión al intentar vender su casa. Tras dos años de esfuerzo y una pérdida de 10.000 libras de su inversión inicial, describieron su calvario como "traumático". "No teníamos ninguno de los derechos de los propietarios y todas las obligaciones de los inquilinos", señaló Diana, haciendo hincapié en la tensión emocional que supuso. Desde entonces, la pareja ha vuelto al alquiler privado, que les parece "mucho más sencillo".
Otra propietaria compartida, Kathy, que compró una participación de 40% en un piso del norte de Londres en 2017, se ha enfrentado a costes mensuales cada vez mayores, incluida una subida de 200 libras en los gastos de servicio. "Las reparaciones tardan años y todo es muy opaco", afirma, citando un mal funcionamiento del sistema de alcantarillado que ha causado importantes problemas de salud. La situación de Kathy ilustra las frustraciones agravadas por el aumento de los gastos y el mantenimiento inadecuado dentro del modelo de propiedad compartida.
Fátima, que entró en un acuerdo de propiedad compartida en 2019 tras ser desahuciada de alquileres anteriores, se hizo eco de penurias similares. Después de experimentar un aumento de 80% en los cargos por servicios en un año, ella, junto con otros residentes, ha decidido impugnar estos aumentos hasta que se produzca una investigación completa. En una conmovedora reflexión, Fátima comentó: "Tengo un activo, pero si es invendible e inasequible, no es un activo".
Respuestas oficiales e iniciativas del sector
Ante el aumento de las quejas, el Defensor del Pueblo para la Vivienda, Richard Blakeway, reconoció la complejidad de los acuerdos de propiedad compartida. Destacó las disparidades en las expectativas entre residentes y propietarios, señalando un fallo sistémico en la comunicación que exacerba las preocupaciones de los residentes. "Hay un desajuste que puede provocar descontento", dijo, y abogó por mejorar la transparencia y la capacidad de respuesta de los proveedores de vivienda.
Mientras tanto, el Shared Ownership Council -una iniciativa destinada a promover las mejores prácticas en el sector- reconoció los retos críticos a los que se enfrentan los residentes y está trabajando en un nuevo código para mejorar la protección de los consumidores. Sin embargo, los críticos, incluidos los defensores de la red de Propietarios Compartidos, sostienen que las medidas de autorregulación pueden no ser suficientes para abordar los problemas sistémicos.
Avanzar
El Ministerio de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local ha declarado que es consciente de las dificultades que encuentran algunos propietarios compartidos y está estudiando reformas para mejorar la experiencia dentro de estos regímenes. Se prevé que las próximas consultas se centren en aumentar la transparencia en torno a los gastos de servicio y garantizar la responsabilidad de las empresas de gestión inmobiliaria.
A medida que aumenta el número de reclamaciones por propiedad compartida, se hace cada vez más urgente la necesidad de una reforma significativa. Las partes interesadas de diversos sectores están llamadas a abordar estos retos generalizados, exigiendo una mayor claridad, eficiencia y apoyo dentro de un marco de la vivienda que fue diseñado originalmente para empoderar a los propietarios potenciales. 83 de los 140 propietarios de viviendas compartidas encuestados afirman tener dificultades para vender sus participaciones, por lo que es esencial tomar medidas urgentes para restaurar la fe en este aspecto crucial del mercado de la vivienda.
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